El pasado mes, el Pleno del Congreso aprobó, con 64 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, la cuestión previa que permitió el retorno del dictamen recaído en los proyectos de ley 7838 y 8637 a las comisiones de Comercio Exterior y de Economía. Esta medida tiene como objetivo evaluar en mayor detalle la propuesta de ampliar la aplicación de la tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 8 % para las micro y pequeñas empresas (Pymes) hasta el 31 de diciembre del 2025.
La iniciativa fue defendida por el congresista Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, quien argumentó que la medida constituye un apoyo vital para las Pymes, sector que ha sido duramente golpeado por la crisis económica de los últimos años. Sin embargo, subrayó que es necesario establecer límites claros y adaptaciones específicas que consideren las particularidades de estas empresas, mencionando que ninguna microempresa alcanza ventas superiores a los 24 mil soles diarios. Este punto resulta crucial para delimitar las posibles beneficiarias y evitar distorsiones en la aplicación de la norma.
La Ley 31556, que fue promulgada en el marco de la reactivación económica tras la pandemia, establece un beneficio tributario clave: la reducción del IGV al 8 % para las Pymes de sectores específicos como restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Esta medida busca promover la formalización, incrementar la competitividad de las Pymes y garantizar su supervivencia en un contexto económico desafiante.
Los proyectos 7838 y 8637 buscan ampliar el alcance de la Ley 31556, permitiendo que actividades vinculadas al transporte turístico terrestre y agencias de viaje también accedan al beneficio tributario. Además, se plantea extender su vigencia hasta fines del 2025, lo que permitiría a las empresas beneficiarias planificar inversiones a mediano plazo y consolidar su recuperación económica.
Puntos de discusión en las comisiones
El retorno del dictamen a las comisiones de Comercio Exterior y de Economía responde a la necesidad de analizar con mayor detalle varios aspectos críticos:
Impacto Fiscal:
Determinar el costo que tendría para el Estado mantener la tasa reducida del IGV hasta 2025.
Evaluar si los beneficios económicos generados por el incentivo compensan la reducción en la recaudación tributaria.
Definición de Beneficiarios:
Establecer criterios claros para identificar las Pymes que calificarán al beneficio, evitando que empresas de mayor tamaño puedan acceder indebidamente al descuento.
Considerar la inclusión de actividades económicas adicionales o evaluar las limitaciones actuales.
Eficiencia de la Medida:
Analizar el grado en que la reducción del IGV ha fomentado la formalización empresarial y si es viable mantener este esquema como herramienta de política económica.
Sectorialización:
Reafirmar la aplicación sectorial y geografía de la norma para evitar inequidades entre diferentes tipos de empresas.
Argumentos a favor y en contra de la ampliación del IGV
Argumentos a favor:
La reducción del IGV fomenta la formalización de las Pymes, ya que se disminuyen los incentivos para operar en la informalidad.
Mejora la competitividad de las empresas peruanas frente a competidores internacionales, especialmente en sectores vinculados al turismo.
La extensión del beneficio tributario permitiría consolidar la recuperación económica de los sectores más afectados por la pandemia.
Argumentos en contra:
Existe el riesgo de un impacto negativo en la recaudación fiscal, que podría afectar el financiamiento de programas sociales y obras públicas.
La medida podría generar inequidades tributarias, al favorecer a ciertos sectores sobre otros.
La falta de controles podría permitir que empresas no elegibles accedan al beneficio, disminuyendo su efectividad.
Relevancia para las Pymes y la economía nacional
Las micro y pequeñas empresas representan un porcentaje significativo del tejido empresarial peruano y son un motor fundamental de empleo y generación de ingresos. Sin embargo, enfrentan serias dificultades para competir en un mercado caracterizado por altos niveles de informalidad y competencia desleal. En este contexto, la reducción del IGV constituye una herramienta clave para aliviar las presiones financieras que enfrentan y fomentar su formalización.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las Pymes contribuyen con más del 40 % del Producto Bruto Interno (PBI) y generan cerca del 60 % del empleo formal en el país. No obstante, su contribución a la recaudación tributaria es relativamente baja, debido a los altos niveles de informalidad. Por ello, medidas como la reducción del IGV pueden generar un impacto positivo al incentivar la formalidad y aumentar la base tributaria a mediano plazo.
Conclusión
La decisión de las comisiones de Comercio Exterior y de Economía de analizar en mayor profundidad la ampliación de la tasa del 8 % del IGV para las Pymes es un paso necesario y responsable. Este proceso permitirá evaluar con rigurosidad los costos y beneficios de la medida, asegurando que se alcancen los objetivos de reactivación económica y formalización empresarial.
Si bien la reducción del IGV representa un sacrificio fiscal a corto plazo, sus beneficios potenciales en términos de competitividad, formalización y desarrollo económico pueden superar ampliamente los costos. Para lograr esto, es fundamental establecer criterios claros de aplicación, diseñar mecanismos de control efectivos y garantizar que las empresas beneficiarias cumplan con las condiciones estipuladas.
En un contexto económico caracterizado por la incertidumbre, apoyar a las Pymes no solo es un acto de justicia económica, sino también una inversión en el futuro del país. La promoción de este sector contribuirá a fortalecer la economía nacional, generando empleo y mejorando la calidad de vida de miles de peruanos. Las decisiones que se tomen en las comisiones serán cruciales para garantizar que esta política pública cumpla con su cometido y se convierta en un modelo exitoso de apoyo al desarrollo empresarial.
