En el marco de los derechos de los consumidores y la promoción de prácticas justas en el ámbito financiero, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, presidida por el parlamentario Manuel García Correa (APP), aprobó un dictamen trascendental que fortalece la protección de los usuarios frente a las centrales de riesgo. Este dictamen responde a una necesidad creciente de los ciudadanos de contar con mecanismos más eficaces y transparentes para la actualización de su información crediticia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y económica.
El dictamen introduce modificaciones significativas a las leyes 28587 y 29571, con el objetivo de agilizar la corrección de datos en los registros crediticios y proporcionar mayor certeza a los consumidores sobre su situación financiera. Esta iniciativa está respaldada por diversos proyectos de ley, entre ellos, los numerados 6317/2023-CR, 6325/2023-CR, y 9011/2024-CR, obteniendo un respaldo mayoritario en la Comisión con 11 votos a favor.
El texto aprobado establece lineamientos claros para garantizar la actualización rápida y precisa de la información crediticia de los consumidores:
Constancia de regularización de deudas: Las entidades financieras estarán obligadas a emitir una constancia que confirme la actualización del estado de las deudas regularizadas dentro de un plazo máximo de siete días hábiles tras el pago.
Actualización en las centrales de riesgo: Una vez recibida la información del acreedor, las centrales de riesgo privadas deberán reflejar los cambios en los registros en un plazo no mayor a dos días hábiles, reduciendo significativamente los tiempos de espera.
Corrección por consumos no reconocidos: En casos de consumos fraudulentos, las entidades financieras tendrán un máximo de siete días hábiles para comunicar tanto al afectado como a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sobre la corrección de los datos.
Impacto de las modificaciones legales
Estas reformas suponen un avance en la construcción de un entorno financiero más confiable, donde los consumidores puedan recuperar rápidamente su buen historial crediticio al cumplir con sus obligaciones. Además, estas medidas buscan reducir los efectos negativos que podrían surgir de datos incorrectos en las centrales de riesgo, como la imposibilidad de acceder a financiamiento o servicios esenciales.
Por otro lado, el dictamen también promueve la justicia y equidad en los procedimientos administrativos sancionadores. La eliminación de la exoneración del pago de costos y costas en casos de allanamiento o reconocimiento por parte del proveedor asegura una reparación justa e integral para los consumidores perjudicados.
Procedimientos administrativos más equilibrados
En línea con estas disposiciones, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 9063/2024-CR, el cual modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor para eliminar privilegios desproporcionados otorgados a los proveedores. Según explicó Manuel García Correa, este ajuste garantiza un balance entre consumidores y proveedores, al tiempo que fortalece la protección de los derechos de los primeros.
La relevancia del monitoreo ciudadano
En paralelo, la Comisión abordó temas relacionados con la calidad de los alimentos agropecuarios en el país. El Tercer Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos reveló preocupantes hallazgos sobre la presencia de residuos de clorpirifos en productos agrícolas, pese a las prohibiciones progresivas establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Este estudio pone de relieve la importancia de mejorar las prácticas de producción y control en el sector alimentario para garantizar alimentos seguros y de calidad para los peruanos.
Hallazgos clave del monitoreo:
- Residuos de clorpirifos encontrados en 11 de las 60 muestras analizadas.
- Los mercados monitoreados incluyeron Lima, Huaraz, Huánuco, Arequipa y Cusco.
- Se enfatizó la necesidad de un control más riguroso y de educación al consumidor sobre la seguridad alimentaria.
Conclusión
El dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los consumidores en el Perú. Las reformas planteadas no solo garantizan una actualización oportuna de la información crediticia, sino que también fortalecen la confianza en el sistema financiero y reducen la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a posibles errores o abusos. Este esfuerzo legislativo es un reflejo del compromiso del Congreso por equilibrar la relación entre consumidores y proveedores, asegurando que todos los actores cumplan con estándares de equidad y transparencia.
Por otro lado, los hallazgos sobre la calidad de los alimentos resaltan la importancia de políticas públicas que prioricen la salud de los ciudadanos. Iniciativas como el monitoreo ciudadano demuestran el valor de la colaboración entre instituciones y consumidores para abordar problemas estructurales en diversos sectores.
En suma, los avances legislativos y las acciones de supervisión contribuyen a construir un entorno más justo, seguro y responsable para todos los peruanos, sentando las bases para un desarrollo económico y social más inclusivo.
